En esencia, lo que los agentes estadounidenses y los fiscales de la GECI salvadoreña habían descubierto es que [el secretario presidencial] Marroquín y [el jefe de prisiones] Luna habían negociado con los liderazgos pandilleros “en nombre del presidente” un acuerdo que daría a sus jefes flexibilidad en las cárceles, beneficios económicos, control de sus territorios y los blindaría de una eventual extradición a Estados Unidos a cambio de que dejaran de matarse en las calles y de que apoyaran la gobernabilidad de Bukele.
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