El Supremo establece que, dentro de la democracia digital, la transparencia debe ser “un derecho fundamental”. Si la Administración Pública utiliza un algoritmo como sistema de decisión para otorgar o retirar derechos (por ejemplo Bosco, que determina si un ciudadano tiene derecho al bono social eléctrico), ese sistema debe ser transparente para el ciudadano, teniendo derecho a acceder al código fuente. La sentencia veda a la Administración Pública la contratación de algoritmos que sean 'cajas negras'.
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