En España, la participación ciudadana ha brillado por su ausencia. De hecho, son varias las normas de ámbito estatal que prohíben expresamente este tipo de mecanismos. Cuando los reconocen, como en el caso de la Iniciativa Legislativa Popular, el proceso es tan complejo y queda siempre sujeto al albur de los representantes políticos, que nunca en toda la democracia se ha logrado que una iniciativa popular canalizada a través de esa vía tuviera éxito.