En los últimos años algunos ayuntamientos han tratado de solucionarlo creando bases de ADN que les permiten localizar a los dueños de los perros y sancionarlos si no se hacen cargo de sus heces. Durante un tiempo recibir una de esas multas sonó a una amenaza lejana, pero en España ya hay consistorios pasando de la teoría a la práctica. El último ejemplo lo deja Tres Cantos, en Madrid.