Después del asesinato de ambos, la Comandancia Militar de Cantillana, a cuyo mando estaba el sargento Antonio Rangel García, les instruyó sendos expedientes de Incautación de Bienes, que fueron informados, junto al de otras tres víctimas mortales de Cantillana, por la Comisión Gestora del Ayuntamiento, presidida por Juan Arias Rivas, en su reunión del 1 de octubre de 1936, de acuerdo con el art. 36, párrafo 2 de la Orden de 11 de septiembre de 1936.
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Esas incautaciones de bienes que hicieron ricos a muchos Nacionales y que por eso tienen tanto miedo a la memoria histórica