Margrethe Vestager elegió la fecha con sumo cuidado. En el tercer aniversario del Diéselgate, la Comisaria de Competencia de la Unión Europea lanzó el enésimo escándalo sobre la industria automovilística alemana: durante años, quizá décadas, sus principales fabricantes (BMW, Daimler, Volkswagen, Porsche y Audi, 700.000 puestos de trabajo en Alemania, un cuarto de su PIB anual) habían conspirado para frenar el desarrollo de tecnologías que limitaran las emisiones contaminantes. Había pasado por encima, una vez más, de las reglas comunitarias
