Se han reservado casi $ 4 mil millones en fondos gubernamentales para ayudar a los inquilinos a pagar a sus propietarios, dice la coalición. Pero eso palidece en comparación con los $ 100 mil millones que estima que el Congreso debe destinar para poner al día a los inquilinos con lo que deben. “Esta es una deuda que los inquilinos nunca podrán pagar”, dijo Sarah Saadian, vicepresidenta de políticas públicas de la coalición.