A la derecha política y financiera no les interesa que suban las pensiones, ni que baje la factura de la luz, ni que los ricos y los bancos paguen más en el IRPF y el impuesto de sociedades, de modo que han puesto en marcha el ventilador para derrocar a Sánchez aún a riesgo de dañar a las instituciones democráticas

El líder del Partido Popular atiende a los desafíos y chantajes del ex comisario José Manuel Villarejo en base a los intereses de su partido, lo que demuestra que está inhabilitado para acceder a cualquier tipo de responsabilidad de gobierno

En el último mes los mass media han dado cobertura en sus informativos y programas de divulgación –que son los menos–, al proyecto piloto “The Ocean Cleanup” de Boyan Slat sobre la retirada de plásticos que contaminan mares y océanos. Si bien la idea ha sido mostrada por éstos como un posible remedio a los daños colaterales de la sociedad de consumo y no como crítica a dicho estilo de vida, al menos si ha servido para visibilizar la realidad y promover el debate sobre cómo estos residuos afectan al medioambiente, a los alimentos y la salud.

El centro de primera acogida de Hortaleza lleva años prolongando una situación insostenible, tanto para los trabajadores como para los menores que acoge. En Diario16 hemos hablado con algunos de estos menores. Los niños nos confirman que, entre otras muchas carencias que sufren a diario, está que “nos duchamos una vez cada dos semanas”.

Las grabaciones ocultas del ex comisario y Villarejo sobre conversaciones privadas de la ministra de Justicia están dando para mucho. Incluso, para que el PP, a través de un desconocido senador, Antonio Sanz, se atreva a dar lecciones de compromiso contra la homofobia al mísmisimo ministro Grande-Marlasca. El mismo que salió del armario y dar la cara hace ya una década. Algo impensable en aquel momento para un magistrado.

La verdad es que en Ciudadanos siguen las encuestas a rajatabla. Si sus asesores en la materia dicen que bajan en tal estrato social, rápidamente utilizan frases y palabras con las que intentar hacerse con su cuota del estrato. Así ocurre que, de la noche a la mañana, pasan de defender a la clase media y la sociedad civil (si es que saben qué es esto) para defender a la clase trabajadora. Eso ha hecho Begoña Villacís para tratar de criticar al gobierno y atacarle en su propio flanco. Han pasado de ser un partido de clase media a ser obrerista.

El presidente del PP, Pablo Casado, hubiera podido incurrir en un delito de cohecho impropio por haber aceptado el master en condiciones privilegiadas respecto a otros alumnos y sólo gracias a su posición política. Pero la Fiscalía del Tribunal Supremo no puede incidir en el tema porque se trata de hechos prescritos.

El Banco Santander coloca en puestos de alta dirección a miembros de importantes familias de las distintas élites españolas como pago de favores. Estas personas jamás sufrirán un ERE de Francisco Javier García-Carranza Benjumea

La Junta Única de Resolución (JUR), la institución dependiente del Banco Central Europeo (BCE) que tomó la decisión de resolver al Banco Popular, no firmó ningún documento de ausencia de conflicto de interés entre Banco Santander y Deloitte.

La falta de preparación de Pablo Llarena y su inexperiencia como magistrado del Tribunal Supremo estarían detrás de los continuos errores en la investigación de la causa del Procés, que ha provocado la crisis política más grave en toda la historia de nuestra democracia reciente.

Mientras la Junta de Andalucía ha dado la bienvenida a los estudiantes del nuevo curso académico con una campaña de publicidad insertada en algunos medios titulada “Educación Pública de Andalucía, una huella para toda la vida”, los alumnos de un instituto de Almería han comenzado el curso dando las clases en los pasillos y escaleras del centro por falta de espacio, aunque la Consejería de Educación lo achaca a “descuadre” con los horarios. Este jueves han decidido directamente no entrar y protestar a las puertas del centro público.

El partidismo más intolerante se ha impuesto una vez más al bien común, pese a que en este caso concreto se trata del bienestar de decenas de miles de escolares andaluces, que han debido sufrir además la inacción de la clase política por haber permitido que en 40 años de autonomía los centros escolares sigan siendo, a día de hoy, los únicos edificios públicos sin una refrigeración adecuada. El proyecto de ley de bioclimatización de los colegios públicos de Andalucía, aprobado por la Cámara andaluza con el único voto en contra del PSOE.

Los periódicos (en especial los medios digitales) por fin van a poder empezar a cobrar por el uso de sus contenidos que hagan otras plataformas. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a una directiva por la que venían peleando muchos grupos de comunicación y que permitirá pedir a las plataformas como Google o Facebook que paguen por el uso que hacen de los contenidos. Esto permitirá además que las diferentes plataformas sean responsables de los contenidos que suban los usuarios, y que estén protegidos por derechos de autor.

La implementación del video arbitraje ha generado que sean muchos los que pretendan realizar una visión retrospectiva para justificar sus fracasos en los errores arbitrales del pasado

El Pleno del Congreso de los Diputados que se celebrará el próximo martes hay dos asuntos que se debatirán que, de ser aprobados, conseguirán que España se convierta en un país más justo, digno, ético y que piense más en sus ciudadanos: la ley de la vivienda presentada por la PAH y la anulación de los vetos del PP a las leyes que apruebe este gobierno

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena al rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasel, por delito de enaltecimiento

Juan Martínez Moya, uno de los vocales de la polémica Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 16 de agosto pasado que concedió el controvertido amparo a Pablo Llarena, es también ahora objeto de polémica al haber sido denunciado por usurpar los derechos de propiedad intelectual sobre una idea que varios magistrados presentaron en un concurso organizado precisamente por el órgano de gobierno de los jueces.

El primero en dar el paso para pedir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciese en el Congreso, para dar explicaciones sobre su doctorado, fue Albert Rivera, pronto se sumó a la iniciativa el Partido Popular, sin ningún pudor. Pero para esto no llegan los votos de las dos formaciones conservadoras, necesitan que Podemos, PNV u otras fuerzas políticas que forman parte del hemiciclo se sumen a la petición, algo que a priori resulta inviable y más después de las informaciones que cada vez dejan más claro que Pedro Sánchez...

Fue ayer cuando Albert Rivera, líder alfabético de Ciudadanos (porque llegó a la cúspide del partido por ser el primero de la lista), lanzaba la manzana de la discordia sobre la mesa: “Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral”, le espetó al Presidente Sánchez.

La tesis de Pedro Sánchez supera los controles informáticos antiplagio, un dato fundamental que está desmontando la serie de publicaciones que desde ayer lanzan como fuego incendiario varios periódicos asociados a la llamada “caverna mediática”. Poco a poco la prodigiosa exclusiva de ABC va perdiendo fuelle, y si ayer la noticia del plagio era un escándalo internacional, hoy la cosa se reduce a que la tesis no posee ningún valor científico.

El Santander, a través de su empresa Konecta —sancionada anteriormente por ERE encubierto— ha dejado en la calle a los 92 empleados discapacitados de Grupo SIFU que hasta la fecha se encargaban del servicio telefónico de cita previa de la Agencia Tributaria. En vez de subrogar a los empleados, como es la costumbre habitual en casos de cambios en las subcontratas, Konecta se ha negado a hacerse cargo de los 92 empleados discapacitados que facilitaban el servicio de cita previa.

La operación del Banco Popular fue, en realidad, el rescate del Banco Santander. Tuvo que ser en el Congreso de los Diputados cuando José Antonio Álvarez, consejero delegado de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, reconoció que desde el año 2.011 no habían obtenido ningún tipo de beneficio en el negocio en España y que los beneficios los obtenían de los resultados que el Grupo logra alcanzar en el extranjero.