El Gobierno de Meloni vuelve con su obsesión de endurecer su legislación para limitar la inmigración. La última medida propuesta, que ha suscitado la indignación y protesta de la oposición y numerosos juristas, apunta a ofrecer incentivos económicos —que podrían rondar los 600 euros— a abogados que logren convencer sus clientes a aceptar la repatriación voluntaria. La recompensa económica, que sólo aplicaría si la repatriación es exitosa, aún no ha sido aprobada por el Parlamento, que tiene previsto discutirla a partir de hoy.
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Según las palabras de la propia Meloni, esto tiene que ver con que se acepte la repatriación voluntaria de quien la desee.
Y que el abogado le ayude con el proceso.
No tiene nada que ver con como esta explicado arriba.
Muchos casos son abogados de oficio que los pagan entre todos los Italianos, porque el detenido no tiene medios para pagar uno contratado.
Cuando un abogado hace un trabajo le pagan con el resultado que tenga.
Lo explico en #5
Además, yo sigo viendo fácil una estafa, especialmente si hablamos de 600€.