Acusan a tres militantes de CNT Barcelona de los presuntos delitos de obstrucción a la justicia y coacciones para participar en concentraciones durante el año 2015 donde se pedía la retirada de una demanda. TRADUCCIÓN: #1
Los objetivos cada vez mas claros, robas x millones de las arcas públicas y te paseas tranquilamente por la ciudad sin temor a pisar la carcel, protestas y te piden 5 años. Esta fiscalía solo mira por los intereses de empresaurios.
La fiscal de Barcelona, Sílvia Canal, ha presentado un contundente escrito de acusación ante el juzgado de instrucción 1 de Barcelona donde pide que tres militantes de la CNT de Barcelona sean condenados a cinco años de prisión por su participación en una campaña de boicot en el centro comercial El Corte Inglés. "Se hace una simplificación muy salvaje entre el hecho de manifestarse y entender que esto es una intimidación. Se confunde el ejercicio de una libertad, de un derecho, con un acto delictivo. Se borran límites que, en una sociedad que se entiende como democrática, deben situar el derecho a manifestación como uno de los pilares fundamentales ", reflexiona Benet Salellas, abogado defensor de los sindicalistas. Aunque ahora se juzgan sólo tres sindicalistas, en un primer momento se imputaron en el caso 24 personas más, que ahora han quedado fuera de la causa.
La campaña de boicot arrancó el otoño de 2015, previamente a la celebración de un juicio contra dos anarcosindicalistas -uno de los cuales es acusado en el nuevo procedimiento- raíz de los incidentes de la huelga general del 29 de marzo de 2012. Para aquellos hechos el Corte Inglés pedía una indemnización de 6.417 euros en calidad de responsabilidad civil. Se da la circunstancia de que ese procedimiento terminó en absolución.
En el escrito acusatorio, al que hemos tenido acceso, se detalla cuáles son las actuaciones punibles por la campaña de boicot: una llamada telefónica exigiendo la retirada de la responsabilidad civil, una visita a las oficinas de la empresa en la calle Bolivia, una concentración con los lemas "Boicot a el Corte Inglés" y "Retirar la denuncia", el reparto de "panfletos" y diversas manifestaciones ante las sedes de esta cadena de establecimientos en la plaza Cataluña, el portal del Ángel y Can Dragó. Además de la pena de prisión, la fiscal también exige una pena-multa de 18 meses, la inhabilitación al derecho de sufragio pasivo y la prohibición de acercarse a una distancia inferior a mil metros de cualquier establecimiento o responsable de El Corte Inglés. Entre las personas que cita como testigos del juicio está José Miguel Abad Silvestre, antiguo concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el PSUC y actual director general de El Corte Inglés en Cataluña, y Paulino Lera Pamies, director de seguridad de la cadena desde 1996.
La CNT de Barcelona, mediante un comunicado, denuncia que "estamos ante un endurecimiento brutal de la persecución contra sindicalistas y trabajadores en lucha". No es un caso aislado. A raíz de las huelgas generales de los años 2010 y 2012 se abrieron decenas de procedimientos penales contra miembros de piquetes. Una contundencia judicial que se ha hecho extensiva a las movilizaciones de la plantilla de Coca-Cola, de las estudiantes y trabajadoras de la UAB, de la minería asturiana y leonesa, de las empresas Arcelor, Airbus o de los jornaleros de Andalucía, por poner algunos ejemplos. "No vamos a caer en la trampa de declararnos inocentes a cualquier precio. Reconocemos el conflicto y renegamos de una idea de sindicalismo canalizada hacia la única opción de los juzgados", se afianzan. "Se plantea un ataque frontal a la solidaridad histórica de las campañas antirepresivas. Queremos que los debates que hay en los procedimientos judiciales salgan fuera, en la calle, llevar estos debates en la calle no puede ser entendido como un delito de obstrucción" , añade Salellas.
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Los objetivos cada vez mas claros, robas x millones de las arcas públicas y te paseas tranquilamente por la ciudad sin temor a pisar la carcel, protestas y te piden 5 años. Esta fiscalía solo mira por los intereses de empresaurios.
TRADUCCIÓN: #1
La fiscal de Barcelona, Sílvia Canal, ha presentado un contundente escrito de acusación ante el juzgado de instrucción 1 de Barcelona donde pide que tres militantes de la CNT de Barcelona sean condenados a cinco años de prisión por su participación en una campaña de boicot en el centro comercial El Corte Inglés. "Se hace una simplificación muy salvaje entre el hecho de manifestarse y entender que esto es una intimidación. Se confunde el ejercicio de una libertad, de un derecho, con un acto delictivo. Se borran límites que, en una sociedad que se entiende como democrática, deben situar el derecho a manifestación como uno de los pilares fundamentales ", reflexiona Benet Salellas, abogado defensor de los sindicalistas. Aunque ahora se juzgan sólo tres sindicalistas, en un primer momento se imputaron en el caso 24 personas más, que ahora han quedado fuera de la causa.
La campaña de boicot arrancó el otoño de 2015, previamente a la celebración de un juicio contra dos anarcosindicalistas -uno de los cuales es acusado en el nuevo procedimiento- raíz de los incidentes de la huelga general del 29 de marzo de 2012. Para aquellos hechos el Corte Inglés pedía una indemnización de 6.417 euros en calidad de responsabilidad civil. Se da la circunstancia de que ese procedimiento terminó en absolución.
En el escrito acusatorio, al que hemos tenido acceso, se detalla cuáles son las actuaciones punibles por la campaña de boicot: una llamada telefónica exigiendo la retirada de la responsabilidad civil, una visita a las oficinas de la empresa en la calle Bolivia, una concentración con los lemas "Boicot a el Corte Inglés" y "Retirar la denuncia", el reparto de "panfletos" y diversas manifestaciones ante las sedes de esta cadena de establecimientos en la plaza Cataluña, el portal del Ángel y Can Dragó. Además de la pena de prisión, la fiscal también exige una pena-multa de 18 meses, la inhabilitación al derecho de sufragio pasivo y la prohibición de acercarse a una distancia inferior a mil metros de cualquier establecimiento o responsable de El Corte Inglés. Entre las personas que cita como testigos del juicio está José Miguel Abad Silvestre, antiguo concejal del Ayuntamiento de Barcelona por el PSUC y actual director general de El Corte Inglés en Cataluña, y Paulino Lera Pamies, director de seguridad de la cadena desde 1996.
La CNT de Barcelona, mediante un comunicado, denuncia que "estamos ante un endurecimiento brutal de la persecución contra sindicalistas y trabajadores en lucha". No es un caso aislado. A raíz de las huelgas generales de los años 2010 y 2012 se abrieron decenas de procedimientos penales contra miembros de piquetes. Una contundencia judicial que se ha hecho extensiva a las movilizaciones de la plantilla de Coca-Cola, de las estudiantes y trabajadoras de la UAB, de la minería asturiana y leonesa, de las empresas Arcelor, Airbus o de los jornaleros de Andalucía, por poner algunos ejemplos. "No vamos a caer en la trampa de declararnos inocentes a cualquier precio. Reconocemos el conflicto y renegamos de una idea de sindicalismo canalizada hacia la única opción de los juzgados", se afianzan. "Se plantea un ataque frontal a la solidaridad histórica de las campañas antirepresivas. Queremos que los debates que hay en los procedimientos judiciales salgan fuera, en la calle, llevar estos debates en la calle no puede ser entendido como un delito de obstrucción" , añade Salellas.
La fiscalía puede pedir lo que quiera, será el juez "imparcial" quien determinará si eso es correcto o es una exageración interesada.
#3 ya, pero la pagamos entre todos
Pues con esta medida Streissand, y cosas personales, yo hago boicot al C.I.
No hay suficientes Moix para tantas vías de agua
Rato , Blesa y la fabrica de chorixos ppsoe todita en la calle .
quienes juzgan los mismos oligarcas ¿?