El Departamento de Justicia pide al tribunal que obligue a Google a desprenderse rápida y totalmente de Chrome, junto con cualquier dato u otros activos necesarios para su funcionamiento continuado. En esencia, se trata de arrebatar a Google la base de usuarios de Chrome, formada por unos 3.400 millones de personas, y entregársela a un competidor. El gobierno investigará a los posibles compradores para asegurarse de que la venta no suponga una amenaza para la seguridad nacional.
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