En su resolución de este miércoles, por la que concede la cautelar al Barça para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, el CSD ha ignorado por completo su propio criterio y lo que han venido declarando los tribunales acerca de la legalidad del control económico que LaLiga ejerce sobre los clubes para garantizar la sostenibilidad de la máxima competición profesional nacional.
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