A instancia del Presidente de la Nación Javier Milei, un variopinto grupo de senadores se apresta a tirar por tierra una ley construida al calor de la democracia participativa, una norma que define a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes de carácter público, siendo deber del Estado preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y educativa, y valorarlos como atractivo turístico.
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Libertad para que cuatro hijos de puta se llenen los bolsillos aunque sea a costa de cargarse el planeta.