Decía Íñigo Errejón hace unos días en una entrevista con este diario que “una buena parte de la suerte de la legislatura depende de la vivienda”. En otras palabras, de lo que hagan las administraciones sobre un asunto de la máxima relevancia social. Si es así, el Gobierno puede echarse a temblar, porque su ministra de Vivienda está en un punto en que parece que lo único que le queda es pedir por las esquinas a ver si los dueños de pisos en alquiler se animan a hacer descuentos.

La familia denuncia la falta de una solución habitacional y lleva desde la pandemia esperando una vivienda por especial necesidad en la Comunidad de Madrid.

Según el Banco de España, su localización y estado dificultan su venta y que contribuyan a aliviar el problema habitacional

La crisis de la vivienda está provocando que España haya involucionado en el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compraventa, y ya se encuentre al nivel de los países más desfavorecidos de la UE en posibilidades de arrendar o comprar un inmueble digno.

Valora que la administración debe actuar ante la «situación extraordinaria» de la vivienda. Los tribunales avalan una de las medidas en materia de vivienda estrella del anterior ejecutivo autonómico: la expropiación del uso de pisos vacíos propiedad de grandes propietarios. La Sala de lo Contencioso del TJSIB ha dictado varias sentencias en las últimas semanas en las que desestima recursos de grandes propietarios de viviendas a los que la administración había expropiado el uso de estos pisos para dedicarlo a alquiler social.