Cádiz ha vivido en los últimos años varios episodios más o menos polémicos relacionados con la retirada de elementos de la vía pública, o directamente de sus denominaciones, en base a la interpretación que el Ayuntamiento vino haciendo (en tiempos de José María González Kichi) de la Ley de Memoria Histórica. Pero esos argumentos pueden considerarse tumbados a tenor del pronunciamiento que el Tribunal Supremo ha hecho recientemente con el caso de Utrera Molina y la Diputación de Sevilla.
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