El Consejo Interterritorial de Salud aprobó el pasado diciembre un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad, confirman desde el Ministerio de Sanidad. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público.
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