En el debate sobre el sistema de financiación autonómica suele pasarse por alto algo básico: quien paga impuestos y recibe servicios no son los territorios, sino los ciudadanos. Los territorios no son sujetos fiscales con derechos propios, sino gestores de recursos ajenos. Confundir ambas cosas conduce a una visión casi patrimonial de los impuestos, como si la recaudación perteneciera a un Gobierno por el mero hecho de generarse en su ámbito territorial.
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