Un interesante recorrido por lo que fueron los juicios del 23F para compararlos con los actuales del "procés". No por previsibles dejan de ser indignantes. Las peticiones de pena para los presos políticos catalanes encarcelados sin juicio desde hace un año demuestran que la orden del rey el 3 de octubre – el “a por ellos”- sigue vigente. Entre 16 y 25 años de cárcel para la mayoría del govern catalán encarcelado, la expresidenta del Parlament y los presidentes de ANC y Omnium.
El fundamento que ofrecen desde la Fiscalía, el bloque monárquico -PSOE, PP y Cs- y los grandes medios es que lo que se está juzgando es un golpe de Estado. Así tachan a las movilizaciones sociales y democráticas que se vivieron en Catalunya el otoño pasado. Dejan claro que vivimos en una democracia incuestionable: la constitución no se puede cuestionar, la monarquía tampoco y la unidad territorial y las relaciones entres sus pueblos más de lo mismo.
Pero si algo “desnuda al rey” en toda esta farsa jurídica es comparar este juicio, las peticiones de penas y las previsibles condenas ejemplarizantes, con el único antecedente de juicio a “rebeldes” de la democracia del 78: el juicio a los responsables del 23F.
Nadie negará que aquello sí fue un golpe de Estado en toda regla. Al final el rey no lo bendijo, aunque en su preparación estuvo metido hasta un par de semanas antes como desveló la nada sospechosa Pilar Urbano en uno de sus últimos trabajos. El golpe como tal fracasó. Pero no sus objetivos políticos: poner freno a la descentralización, es decir defender la “unidad de España”, y fortalecer la monarquía.
¿Como juzgaron y condenaron entonces a los responsables del golpe los jueces del Supremo? Primero habría que decir que la búsqueda de “responsables” se quedó en el nivel raso. Solo aquellos mandos militares muy directamente implicados en los sucesos llegaron al banquillo. De la convivencia de políticos de diferentes partidos, periodistas y otros ilustres apellidos nada se investigó. Es más, se prohibió investigar y publicar sobre el tema.