El informe del sector conservador del CGPJ sobre la reforma de la Ley del Aborto considera “una exigencia desproporcionada” que las mujeres deban recurrir a un médico de otro centro para que avale que la malformación del feto supone un peligro grave para su salud mental. Un feto con "anomalía incompatible con la vida" conlleva siempre un "daño psicológico" para la mujer, defiende la vocal Llombart. Exigir una prueba de esa afección supondría imponer a la mujer “una carga más, añadida” a la de haber conocido que el feto no va a sobrevivir.
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