Ahora, diez años después, se sientan en el banquillo un total de 15 acusados, entre ex altos cargos de la Junta y empresarios. Entre todos suman peticiones de penas de hasta 138 años de cárcel y multas que superarían los 800 millones de euros. Según los peritos la orden en la que se basó la Junta para saltarse trámites en la concesión de parques eólicos fue "manifiestamente ilegal".Fue el viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, quien habría asumido de forma personal esas decisiones.