Aragón, Asturias, Baleares y Madrid aún no han creado ese registro que permite garantizar el “número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”. El Gobierno da tres meses para cumplir. “Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”, explica el presidente del Gobierno.
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Lo único que debe contemplarse es que se sancione y expulse a los médicos que se nieguen a atender a las pacientes conforme a la ley.
Una buena sanción en forma de reducción de sueldo o un expediente que se traduzca en una buena pérdida de pasta gansa, es mano de santo para que estos hijos de padre desconocido cambian de parecer.
La historia de "Aquí soy objetor, pero pásate por mi consulta privada y lo miramos. Trae el dinero en metálico" ya nos la conocemos hace mucho tiempo.
Sería mas fácil cambiar la constitución y eso tampoco es viable. Le deseo suerte, a ver qen que queda.
Que será lo próximo,¿un testigo de Jehová negándose a hacer una transfusión?.