El Gobierno de Mariano Rajoy criminaliza y penaliza a quienes participan en este modo de protesta ciudadana conocida como escrache que "tiene su origen en Argentina a mediados de los 90" como protesta por la visibilidad "de quienes luchaban por los derechos de los desaparecidos durante la dictadura y los de sus familias" y frente a la impunidad.
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