Boicot a Eurovisión, a la Eurocopa y demás cosas menores, que parece que eso si les jode. Y encima van los cachondos e invitan a Eurovisión a Arabia Saudí.
#34 No entiendo la pregunta. O me he expresado mal o no me has entendido. Un ministro no puede dictar órdenes de ningún tipo, tienen que ser los jueces. Y que un ministro diga que los jueces van a hacer algo significa que el ministro o es un adivino o dicta las órdenes él. Lo cual es terrible.
Lo único que le puede salvar a Camps es un análisis psiquiátrico. Está como una chota. Vive en un mundo paralelo donde todo es color de rosa y él es un unicornio que reparte florecitas.
#13 Tranquilo. Ya están tanteando la Comunidad Valenciana, Euskadi y Asturias. No sé por qué todavía no han soltado sus soflamas antilengua en Galicia. Pero llegará también.
#20 Lo que no se aguanta es que se base algo en un himno, sea el que sea. A mi los himnos y las banderas solo sirven para tapar vergüenzas y desviar la atención. ¿Lo siguiente que será? ¿Marchar por la diagonal en formación?
Vaya chorrada... Vamos que pitar un himno es libertad de expresión y no cantar otro es ofenderlos. Que se dejen de estupideces de himnos y que solucionen el problema político y social de su país. A ver si cantando himnos crean riqueza y comida. Lo dicho... una chorrada.
Se trata de una pieza, aún secreta, del Caso Imelsa. En ella se investigan las prácticas supuestamente corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo su control. Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la investigación se centra en Imelsa (empresa de la Diputación de Valencia), la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciegsa (empresa de la Generalitat encargada de construir colegios públicos bajo sospecha por sobrecostes millonarios) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003. En el transcurso de las pesquisas, se han detectado indicios de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el PP de Valencia ciudad. El grueso de las pesquisas parte de la premisa de que se habrían podido cometer varios delitos contra la administración: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad.
El magistrado decidió en julio de 2016 separar el caso en tres piezas: la principal; la que investiga los hechos relacionados con el servicio de atención multicanal a los contribuyentes, el call center, que la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación, adjudicó a Servimun por un importe de casi 843.000 euros para los años 2013, 2014 y 2015 y una tercera que investiga las supuestas irregularidades en los contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006 www.casos-aislados.com/Caso-Aislado.php?Caso=Caso Taula&numero=90
#18 wata 