Tuit de Paco Becerra tras la noticia de que se investiga al novio de Ayuso por fraude.
En cada iniciativa pública hay participación privada. Cuando políticos hablan de colaboración público-privada hay algo más detrás: sortear la ley. En 2007 se soterró la M30; posiblemente necesario, pero brutal en magnitud y coste. Lo lógico es que la haga el Estado o Comunidad, pero la hizo una empresa (Emesa: 80% del Ayuntamiento, 20% de ACS y Ferrovial) que asumiría la deuda y mantenimiento. Los tribunales determinaron que era ilegal y que la deuda era del Ayuntamiento. En 2025 se puede hacer pública Emesa, y el Ayuntamiento lo va a hacer.
La Fiscalía denuncia en el juzgado dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de la presidenta de Madrid para evitar pagar impuestos de sus negocios millonarios en la pandemia
El documento confidencial, elaborado un día después del atentado, recoge cómo el Gobierno intentó buscar vínculos entre ETA y Al Qaeda antes de las elecciones porque, "si esto no se conseguía, todos se iban al paro", se puede leer en el documento confidencial al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi y que evidencia que las maniobras para manipular a la opinión pública se pusieron en marcha inmediatamente después del ataque.
El periódico El Mundo acorralado en sus propias mentiras, altera con ayuda de técnicos informáticos las fechas de sus publicaciones. Intenta construir pruebas falsas para evitar responsabilidades en su campaña de señalamiento y acoso a Silvia Intxaurrondo. En su publicación recoge la información antes de editar, con las correcciones que aliviarían la responsabilidad ante una querella de Silvia Intxaurrondo.
¿Te ha pasado que tras fallecer un familiar te ha llegado una carta de la Comunidad de Madrid contándote lo que te vas a ahorrar en el impuesto de sucesiones?. Hoy he llevado esas cartas a la Asamblea de Madrid..
Mónica Garcia: El Partido Popular me pregunta por la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Dónde estaban ellos y dónde estaba yo.
Según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) de 2022, el porcentaje de abortos en los centros públicos de las mujeres residentes en la Comunidad de Madrid fue solo del 0,36%
Raúl Burillo Pacheco, conocido funcionario anticorrupción, fue el máximo responsable de la Agencia Tributaria en Baleares entre 2004 y 2010, cuando se investigó el caso Palma Arena, en cuya pieza separada número 25, el caso Nóos, fue condenado el ex yerno del rey Juan Carlos I. En declaraciones realizadadas a El Periódico de Aragón, diario de Editorial Prensa Ibérica (EPI), editora de El Periódico de España, Burillo recordaba cómo arrancó el caso Nóos: "Por casualidad", afirmó, en uno de los registros realizados a propósito de otros de los caso
Hoy he asistido a una charla abolicionista, donde participaban Lorena Ro, una mujer que estuvo durante un año en la prostitución, y Ana de Miguel. Ya que había un debate al final (y dada la uniformidad de opiniones), he intervenido
“La causa de la pederastia no es el celibato […] sino la homosexualidad” o considerar el cambio climático como “opiniones pseudocientíficas” y a Franco como “un cristiano ejemplar”. Son algunos de los comentarios vertidos en La Sacristía de La Vendeé, el programa ultracatólico en el que la semana pasada, uno de los sacerdotes reconoció rezar “mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes”. Con estas palabras se presentó el sacerdote Gabriel Calvo Zarraute al unirse en directo al programa online el pasado 22 de febrero.
Plataforma Femar gana un recurso para seguir dando comida porque la Consejería de Asuntos Sociales no ha hecho bien los pliegos. Desde que consiguió el contrato en 2022 ha enviado coliflor con moho, patatas podridas o huevos con gusanos a varias residencias de mayores. Había perdido el concurso para renovar el contrato. Pero lo recurrió y ahora acaba de ganar porque el Tribunal Administrativo de Contratación Pública considera que la Consejería de Asuntos Sociales no hizo bien los pliegos.
Dirigido por investigadores de la Universidad de Oxford, se publica en 'The Lancet Public Health'. En general, la privatización puede reducir costos, pero a costa de la calidad de la atención. Ninguno de los 13 estudios longitudinales incluidos en la revisión halló efectos inequívocamente positivos en los resultados de salud. Incluso, en algunos estudios, niveles más altos de privatización hospitalaria se correspondieron con tasas más altas de muertes evitables.
- Paper (The Lancet, abierto): https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00003-3
Las autoridades danesas consideraron que no cuentan con base jurídica para abrir un caso penal sobre el sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, en septiembre de 2022.
'Se necesitan discursos así': Mónica García retrata en minuto y medio la actuación del PP de Ayuso con las residencias
Una jueza de Madrid ha decidido mandar al banquillo al periodista Carlos Sosa. Será juzgado por varios delitos de odio, acoso y revelación de secretos. La acusación pide para él ¡23 años de prisón!. La jueza ha fijado una fianza civil de 422.500 euros. Todo esto nace de una querella del juez corrupto Salvador Alba, en prisión por fabricar pruebas contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, que es también pareja de Sosa.
La deuda del conjunto de las Administraciones públicas bajó hasta el 107,7% del PIB a cierre del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. El resultado supone una disminución de casi cuatro puntos con respecto al ejercicio anterior y mejora los pronósticos del Gobierno, que estimaba un pasivo del 108,1%.
Su asesina fue condenada a 17 años de prisión, una pena insuficiente para la familia de la víctima, que espera respuesta del Tribunal Supremo a su recurso. Le dio al menos 13 puñaladas y limpió la casa. Intentó esconder su cuerpo sin éxito, con ayuda de un amigo, y se entregó 24 horas después en Motril (Granada).
[C&P] El PP se muestra, por primera vez, dispuesto a indultar a los líderes independentistas "si hay un compromiso explícito de volver al estado de derecho, someterse a la justicia y cumplir la ley". Así lo aseguran fuentes del partido de toda solvencia. Este indulto "con condiciones", que también afectaría a Carles Puigdemont, debería llevar aparejado, según estas fuentes, "el arrepentimiento y el compromiso explícito de no volver a la vía unilateral".
La foto de los espabilados que quieren aprovecharse del sector del campo y del transporte al que ninguno de ellos pertenece, solo les une una cosa a los 6, adivinen cual. Lola Guzmán (ni agricultora ni ganadera) Manolín (sin camión) Alvise, Vito Quiles, Ricardo Ferris y Da Pena.
«Traidores». Los citricultores españoles no se andan con chiquitas a la hora de calificar a los eurodiputados españoles que el pasado 14 de septiembre votaron a favor de la entrada de naranjas procedentes de Sudáfrica en los mercados europeos en plena competencia con las producciones regionales, y, por extensión, de toda España. El sentir de todo el sector lo ha puesto la Unió de Llauradors de Valencia.
Este señor, Xaime da Pena, es el abogado de Lucas Burgueño, el hombre que increpó a Óscar Puente en el Ave y acabo en la cárcel por quebrantar una orden de alejamiento de sus padres. Además es quien estaba detrás de la lona de Desokupa. Que no os engañen desde la fachosfera de Ana Terradillos.
Ahora resulta que un grupo controlado desde las Islas Caimán es el que gestiona la mitad de las viviendas del plan de alquiler de Ayuso. La Consejería de Vivienda está calladita.
La Sala de lo Penal encarga al juez Pedraz, y no a García-Castellón, estudiar la querella contra la cúpula política y policial del ministerio. El juez Santiago Pedraz, al que correspondió por reparto la querella, la envió al juzgado número 6 que dirige Manuel-García Castellón, al entender que los hechos relatados correspondían en parte al caso Kitchen, que ya instruía su compañero. Podemos recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal alegando que García-Castellón había manifestado animadversión contra su ex líder, Pablo Iglesias, al que inte
9.468 personas que vivían en residencias madrileñas murieron entre los meses de marzo y abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia. Y de ellas, 7.291 lo hicieron sin recibir atención hospitalaria tal y como llevan años denunciando sus familiares. Durante esos meses no era posible acceder a estos centros pero sí lo hacía la Policía Municipal de Madrid. Las actas de esas visitas permanecen custodiadas sin que nadie haya podido ver aún su contenido completo. Y, de momento, seguirá siendo así porque la Comunidad de Madrid ha decidido…