La solución es más sencilla de lo que parece: la corrupción se acabaría bien rápido si el castigo fuera directo al corruptor. Si una empresa participa en un soborno, debería quedar inhabilitada automáticamente para recibir cualquier nuevo contrato público por décadas. Mientras las constructoras sientan que pueden seguir facturando tras una multa mínima, el incentivo para corromper seguirá ahí. Más mano dura con quienes compran voluntades
#1 Free_palestine * 
#2 Mauro_Nacho 