El Ministerio de Consumo ha avisado a 13 inmobiliarias y fondos de inversión con más de 100.000 alquileres de la obligatoriedad de prorrogar los contratos. "13 tienen 100.000 viviendas. Y para ellos trabajan la derecha española y la derecha catalana. Y todo el mundo sabe a cambio de qué. Pd. Convendría dejar de advertir a esta gente y comenzar a legislar contra esta gente."

En toda la capital, la gente trabajadora común y corriente —enfermeros, conductores de autobús, dependientes, repartidores, obreros de la construcción— está sufriendo graves consecuencias económicas debido a un mercado de alquileres que se ha disparado hasta tal punto que la brecha ya no puede describirse como una crisis. Es un colapso. No se trata de un desastre natural. Es el resultado previsible de décadas de decisiones políticas, como la retirada del Estado de la vivienda social o el tratamiento de las viviendas como activos de inversión.

«Si no eres una persona que cuente con un colchón inicial muy grande de dinero previo, o tuviste la suerte de heredar algo, ya puedes tener los años que sean, que si vives al día estás jodido, o ahorras sin gastar absolutamente nada, y no tienes vida, o es imposible llegar». «Si veo posible ahorrar para poder comprar a muy largo plazo en caso de vivir con tus padres, sin pagar alquiler, y si no tienes ningún tipo de gasto fijo». «La vida que se podía tener antes con 20 años ya no la podremos tener nosotros ni con 50».

Un hombre mira anuncios de pisos en veta en una inmobiliaria. El mercado residencial español vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años, marcado por la escasa oferta de viviendas y unos precios disparados que devoran gran parte del sueldo. En este contexto, adquirir un piso en las grandes capitales ya requiere ingresos equivalentes al triple del salario medio nacional. Así, el sueldo necesario para comprar una vivienda estándar de unos 100 metros cuadrados en San Sebastián se sitúa en 5.642 euros netos mensuales para no superar

Los compradores de vivienda se están retirando debido a los precios persistentemente altos de las casas y las tasas hipotecarias, los despidos y la creciente incertidumbre económica y política. Esta retirada ha provocado que algunos vendedores, muchos de los cuales también son compradores, también se retiren. Hay vendedores que retiran sus propiedades del mercado tras verlas permanecer allí durante mucho tiempo, mientras que otros optan por no publicarlas tras observar que casas cercanas se venden por debajo del precio inicial de venta.

En apenas 15 años, el porcentaje de población que vive en propiedad ha pasado del 90% al 75%, mientras que el alquiler ha crecido del 10% al 25%. “No es solo que la herencia sea la única alternativa, es que además aumenta las desigualdades”. Quienes ya tienen vivienda en propiedad tienen más probabilidades de heredar otra, los inquilinos parten en clara desventaja, ampliando la brecha social. Las consecuencias van más allá de lo económico. “Estamos retrasando procesos y ciclos vitales que suponen un lastre para la economía y para la sociedad”.

El 20,2% de las familias vive de alquiler, el 25% de las personas, lo que supone una de cada cuatro. Y ya hay 3,3 millones de inquilinos más desde 2007. "Cada año hay más población que vive de alquiler en este país, por lo que crece la vivienda en alquiler y crece el parque de viviendas en alquiler". "No se está reduciendo la oferta de alquiler, sino que están cayendo los anuncios de alquileres". "Y no olvidemos que hay mucha gente a la que le gustaría vivir de alquiler y no puede".

Un antiguo local de oficinas en Clare Street, Dublín 2, se ha convertido en una propiedad residencial, con hasta 22 habitaciones disponibles para alquilar por un precio de hasta 890€ al mes. Este es uno de los muchos ejemplos de habitaciones compartidas que se anuncian en sitios web y redes sociales, dado que la oferta de viviendas sigue siendo críticamente baja en toda Irlanda. Compartir habitación, una práctica que antes se asociaba principalmente con las residencias estudiantiles, está siendo cada vez más adoptada por trabajadores.

“Estoy desesperada, tengo que encontrar al menos a 35 personas antes del 1 de junio”. White afirmó haber realizado unas 600 entrevistas en los últimos tres años, pero muchos candidatos se retiran o abandonan el proceso al enfrentarse a la realidad del mercado de alquiler. "La gente no puede quedarse, no encuentra vivienda o simplemente no se presenta o no puede permitírselo". "Ahora mismo no tenemos viviendas, y eso es lo que necesitamos".

El coste del alquiler de una habitación absorbe gran parte del salario neto de un joven, a lo que hay que sumar muchas veces gastos corrientes del piso. Es "económicamente imposible" el acceso a una vivienda completa en alquiler en solitario por parte de los jóvenes. "Les deja sin margen para ahorrar y plantearse comprar una vivienda algún día". "Lo que estamos viendo no es una generación que no quiere comprar. Es una generación que no puede ni planteárselo porque sus ingresos se disuelven mes a mes en el alquiler".

Hasta los 80 el sector público era quien "más vivienda construía", se creaba "vivienda protegida con fecha de caducidad". Luego se empezó a apostar por un modelo en el que "el Estado se dedica a dar facilidades al mercado para que produzca vivienda a precio libre". Desvinculándose de la creación de vivienda pública, se planteó un modelo en el que "el aumento de oferta permitiría generar vivienda para todos y vivienda libre", la idea era: "simplemente dejando que el mercado construyera podríamos lograr que hubiera vivienda asequible para todos".

De esta forma, los compradores podrían solicitar una hipoteca a las entidades bancarias, en la que todos figurarían como titulares del préstamo y responderían de forma solidaria ante el banco. Esto quiere decir que, si uno de los propietarios deja de pagar la cuota que le corresponde, el resto de los titulares debería asumir la deuda. Las entidades bancarias suelen ser reticentes ante este tipo de operaciones, les genera tensión que no haya una relación afectiva o personal, aunque "existen neobancos que sí están más abiertos a estas cosas".

Los arquitectos aseguran que hay una demanda creciente de propietarios que quieren segregar sus viviendas, sobre todo en ciudades como Vigo o A Coruña, donde hay más necesidad de pisos. «Hay un cambio en las unidades familiares, están aumentando las familias monoparentales, por ejemplo, y la vivienda que hay se queda obsoleta: hay muchos pisos grandes que fueron construidos a principios del siglo pasado y no se adaptan a las necesidades reales». Seis de cada diez hogares están compuestos solo por una o dos personas.

“Intentan que sientas vergüenza de tu patrimonio para que cedas ante el chantaje emocional". Dice estar cargando con la culpa social por tener algo que otros quieren, y que si baja a 600€ por bondad, tendría a 100 personas en la puerta del inmueble peleándose. “Se ha instalado una narrativa peligrosa: que tener propiedad es un pecado y que el propietario es el culpable del sistema fallido. Te llaman ‘explotador’ por pedir el valor de mercado, pero nadie llama ‘miserable’ al Estado por no construir vivienda pública o por freírte a impuestos".

Los hogares más pobres han salido del grupo de inquilinos del mercado. El porcentaje de población que vive de alquiler correspondiente al tramo más bajo de ingresos ha disminuido del 37% al 32%. Esta población no desaparece pero sí se desplaza a otras formas de arreglos familiares o informales. Por otro lado, el mercado del alquiler está incorporando a los hogares de renta media y renta media-alta. «El indicador mejora, mientras el acceso empeora».

Una empresa online se dedica exclusivamente a la venta de habitaciones en pisos compartidos con desconocidos. El comprador de la habitación se convierte en copropietario indiviso del inmueble, con una cuota asociada de forma registral a la estancia concreta. Ese título otorga el uso exclusivo de la habitación y el uso compartido de las zonas comunes. Todo queda perfectamente detallado en una escritura que especifica metros, anejos y un contrato con estrictas normas de convivencia. Ya cuentan con una lista de espera de más de 32.000 interesados.

Entre 2022 y 2025, el saldo migratorio neto sumó más de 2,5 millones de personas. Traducido a la unidad real del mercado inmobiliario –el hogar, no el individuo–, equivale a más de un millón de nuevas unidades de demanda. El sistema respondió con unas 89.000 viviendas nuevas al año. El déficit acumulado roza el medio millón. Es una brecha estructural, no una anomalía coyuntural. 2025 fue el mejor año desde 2008: 162.200 visados de obra nueva. El problema es que ese mismo año se crearon 226.000 hogares netos. El déficit no se corrigió; creció.