Un antiguo local de oficinas en Clare Street, Dublín 2, se ha convertido en una propiedad residencial, con hasta 22 habitaciones disponibles para alquilar por un precio de hasta 890€ al mes. Este es uno de los muchos ejemplos de habitaciones compartidas que se anuncian en sitios web y redes sociales, dado que la oferta de viviendas sigue siendo críticamente baja en toda Irlanda. Compartir habitación, una práctica que antes se asociaba principalmente con las residencias estudiantiles, está siendo cada vez más adoptada por trabajadores.

El coste del alquiler de una habitación absorbe gran parte del salario neto de un joven, a lo que hay que sumar muchas veces gastos corrientes del piso. Es "económicamente imposible" el acceso a una vivienda completa en alquiler en solitario por parte de los jóvenes. "Les deja sin margen para ahorrar y plantearse comprar una vivienda algún día". "Lo que estamos viendo no es una generación que no quiere comprar. Es una generación que no puede ni planteárselo porque sus ingresos se disuelven mes a mes en el alquiler".

Hasta los 80 el sector público era quien "más vivienda construía", se creaba "vivienda protegida con fecha de caducidad". Luego se empezó a apostar por un modelo en el que "el Estado se dedica a dar facilidades al mercado para que produzca vivienda a precio libre". Desvinculándose de la creación de vivienda pública, se planteó un modelo en el que "el aumento de oferta permitiría generar vivienda para todos y vivienda libre", la idea era: "simplemente dejando que el mercado construyera podríamos lograr que hubiera vivienda asequible para todos".

“Intentan que sientas vergüenza de tu patrimonio para que cedas ante el chantaje emocional". Dice estar cargando con la culpa social por tener algo que otros quieren, y que si baja a 600€ por bondad, tendría a 100 personas en la puerta del inmueble peleándose. “Se ha instalado una narrativa peligrosa: que tener propiedad es un pecado y que el propietario es el culpable del sistema fallido. Te llaman ‘explotador’ por pedir el valor de mercado, pero nadie llama ‘miserable’ al Estado por no construir vivienda pública o por freírte a impuestos".

Entre 2022 y 2025, el saldo migratorio neto sumó más de 2,5 millones de personas. Traducido a la unidad real del mercado inmobiliario –el hogar, no el individuo–, equivale a más de un millón de nuevas unidades de demanda. El sistema respondió con unas 89.000 viviendas nuevas al año. El déficit acumulado roza el medio millón. Es una brecha estructural, no una anomalía coyuntural. 2025 fue el mejor año desde 2008: 162.200 visados de obra nueva. El problema es que ese mismo año se crearon 226.000 hogares netos. El déficit no se corrigió; creció.