Enola vive en un piso compartido, tiene pareja y empiezan a soñar con emprender un proyecto de vida juntos. Aunque ambos trabajan, las cuentas no salen para poder pagar un piso de alquiler: “no podemos permitírnoslo”. Ángela se da de bruces con la misma realidad, le gustaría vivir sola, porque tiene un buen trabajo: "son precios muy altos, que a una persona sola le cuesta mucho asumir, aún con un sueldo bueno”. Así que alquila una habitación en un piso compartido, y se queja de que los precios de las habitaciones tampoco son viables.

Mientras que antes se elegía vivienda por los servicios del barrio o condiciones familiares; ahora el criterio es el precio por metro cuadrado. Lo que está pasando es una expulsión a las zonas metropolitanas. Solo los que pueden pagar viven en el centro, y eso genera una ciudad dual: gente que destina 1.500 euros para estar a cinco minutos de la oficina frente a trabajadores que viven a una hora en transporte público. En paralelo, crece la turistificación, que reduce la accesibilidad porque los pisos pasan a ser para estancias temporales.

La tasa de esfuerzo para adquirir una vivienda nueva llega al 44% de la renta del hogar medio en el conjunto nacional, mientras que en Madrid y Barcelona la proporción se eleva hasta el 57% y el 68% respectivamente. En enclaves turísticos y municipios con fuerte presencia internacional, la ratio supera el 80%. El estudio concluye que el patrón actual del mercado residencial favorece la creación de producto orientado a rentas altas y turismo, lo que amplía las dificultades de acceso para los hogares medios.

«La mayoría de los mallorquines viven un momento crítico, desde los muy vulnerables a los que tienen un sueldo de 2.000€ pero tampoco les basta para alquilar o comprar una vivienda». Las administraciones no han desarrollado un parque de vivienda protegida en alquiler capaz de atender a los colectivos que por sus ingresos no pueden acceder al mercado libre. «Hemos llegado a esta situación por falta de voluntad política, por no hacer leyes en beneficio de los ciudadanos y favorecer a los especuladores, que están comprando todo lo que pueden».

"Tenemos claro que tenemos que construir un parque público de vivienda asequible", defendía la ministra de vivienda. El problema es que una cosa son los anuncios y otra muy distinta la realidad. Porque España no solo arrastra un déficit histórico de vivienda pública y protegida, sino que en 2025 se está construyendo todavía menos que en 2024, pese a todos los mensajes políticos. La respuesta, según el propio sector, es clara: no salen las cuentas. "La vivienda protegida, al tener el precio limitado, encoge la rentabilidad a la mitad".

El 20,2% de las familias vive de alquiler, el 25% de las personas, lo que supone una de cada cuatro. Y ya hay 3,3 millones de inquilinos más desde 2007. "Cada año hay más población que vive de alquiler en este país, por lo que crece la vivienda en alquiler y crece el parque de viviendas en alquiler". "No se está reduciendo la oferta de alquiler, sino que están cayendo los anuncios de alquileres". "Y no olvidemos que hay mucha gente a la que le gustaría vivir de alquiler y no puede".

Un antiguo local de oficinas en Clare Street, Dublín 2, se ha convertido en una propiedad residencial, con hasta 22 habitaciones disponibles para alquilar por un precio de hasta 890€ al mes. Este es uno de los muchos ejemplos de habitaciones compartidas que se anuncian en sitios web y redes sociales, dado que la oferta de viviendas sigue siendo críticamente baja en toda Irlanda. Compartir habitación, una práctica que antes se asociaba principalmente con las residencias estudiantiles, está siendo cada vez más adoptada por trabajadores.

“Estoy desesperada, tengo que encontrar al menos a 35 personas antes del 1 de junio”. White afirmó haber realizado unas 600 entrevistas en los últimos tres años, pero muchos candidatos se retiran o abandonan el proceso al enfrentarse a la realidad del mercado de alquiler. "La gente no puede quedarse, no encuentra vivienda o simplemente no se presenta o no puede permitírselo". "Ahora mismo no tenemos viviendas, y eso es lo que necesitamos".

"Los sueldos están fallando y la capacidad adquisitiva de los jóvenes es cada vez menor" y, por ello, no pueden pagar el alquiler de una vivienda libre teniendo en cuenta los precios del mercado y mucho menos afrontar una hipoteca. El consejero ha echado la vista atrás para señalar que, hace veinte años, los sueldos que se pagaban sí que permitían adquirir viviendas al precio de entonces. Sin embargo, "ese equilibrio ahora se ha roto, y la relación entre salario y precio de la vivienda ya no es la misma". "Se les paga poco".

El coste del alquiler de una habitación absorbe gran parte del salario neto de un joven, a lo que hay que sumar muchas veces gastos corrientes del piso. Es "económicamente imposible" el acceso a una vivienda completa en alquiler en solitario por parte de los jóvenes. "Les deja sin margen para ahorrar y plantearse comprar una vivienda algún día". "Lo que estamos viendo no es una generación que no quiere comprar. Es una generación que no puede ni planteárselo porque sus ingresos se disuelven mes a mes en el alquiler".

Hasta los 80 el sector público era quien "más vivienda construía", se creaba "vivienda protegida con fecha de caducidad". Luego se empezó a apostar por un modelo en el que "el Estado se dedica a dar facilidades al mercado para que produzca vivienda a precio libre". Desvinculándose de la creación de vivienda pública, se planteó un modelo en el que "el aumento de oferta permitiría generar vivienda para todos y vivienda libre", la idea era: "simplemente dejando que el mercado construyera podríamos lograr que hubiera vivienda asequible para todos".

España “sigue siendo un país de propietarios, pero cada vez lo somos menos”, el 73% de los españoles vive en una vivienda de su propiedad, y se ha convertido en un factor decisivo del voto de los ciudadanos, especialmente entre los más jóvenes. Las diferencias ideológicas afloran cuando se pregunta por los responsables de aportar soluciones: entre los votantes de derecha se señala principalmente al Gobierno de España, mientras que entre los de izquierda se atribuye más responsabilidad a las comunidades autónomas.

España se ha consolidado como uno de los entornos más dinámicos de Europa en tokenización inmobiliaria. La tokenización consiste en representar un activo físico —en este caso, una vivienda o un edificio— mediante "tokens digitales registrados en una blockchain" (cadena de bloques digital). Cada token equivale a una participación económica del activo. En la práctica, permite fraccionar la propiedad y que pequeños inversores entren con importes reducidos, a partir de 100 euros en algunas plataformas.

El Tribunal Supremo ha avalado una de las medidas que más enfureció a los constructores durante el mandato de Ada Colau y que Jaume Collboni pretendía reformar, aunque no ha encontrado por ahora los apoyos para ello: la obligación a los promotores inmobiliarios de destinar el 30% de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.

El coste de ser propietario de una vivienda se ha disparado, volviéndose inalcanzable para muchos estadounidenses. La familia promedio necesita ganar 110.000 dólares al año para ser propietaria de una vivienda típica, lo que supone un 29% más que los ingresos medios de un hogar. Las presiones económicas podrían multiplicarse en medio de la guerra contra Irán, que ha disparado los precios del petróleo hasta los 100 dólares el barril; el tipo de impacto que tiende a repercutir en los precios al consumidor y a recalentar la inflación.

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De esta forma, los compradores podrían solicitar una hipoteca a las entidades bancarias, en la que todos figurarían como titulares del préstamo y responderían de forma solidaria ante el banco. Esto quiere decir que, si uno de los propietarios deja de pagar la cuota que le corresponde, el resto de los titulares debería asumir la deuda. Las entidades bancarias suelen ser reticentes ante este tipo de operaciones, les genera tensión que no haya una relación afectiva o personal, aunque "existen neobancos que sí están más abiertos a estas cosas".

El uso de trasteros como viviendas ha ganado popularidad en los últimos años; especialmente, entre aquellos que buscan soluciones económicas para la falta de espacio. Pero ¿puede la comunidad de vecinos prohibir esta práctica?, ¿en qué casos? La respuesta depende de la normativa urbanística local y del reglamento interno de cada edificio. "Depende de varios factores: la normativa autonómica y municipal, el planeamiento urbanístico y las características físicas del espacio".

"Montar" edificios en pocas semanas, como en China o como durante la postguerra europea, no ha cuajado. Esto podría cambiar, ¿el motivo? Por fin sale a cuenta. En muchos países de Europa nos llevan años de ventaja, la alemana Aktiv Haus construye los módulos en la barata Polonia, y levanta viviendas sociales en pocos meses. Durante las últimas décadas se han desarrollado un sinfín de nuevos materiales y tecnologías que comienzan a tener precios asequibles. España, el cuarto país con mayor masa forestal de Europa, podría apostar por la madera.

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Los arquitectos aseguran que hay una demanda creciente de propietarios que quieren segregar sus viviendas, sobre todo en ciudades como Vigo o A Coruña, donde hay más necesidad de pisos. «Hay un cambio en las unidades familiares, están aumentando las familias monoparentales, por ejemplo, y la vivienda que hay se queda obsoleta: hay muchos pisos grandes que fueron construidos a principios del siglo pasado y no se adaptan a las necesidades reales». Seis de cada diez hogares están compuestos solo por una o dos personas.

“Intentan que sientas vergüenza de tu patrimonio para que cedas ante el chantaje emocional". Dice estar cargando con la culpa social por tener algo que otros quieren, y que si baja a 600€ por bondad, tendría a 100 personas en la puerta del inmueble peleándose. “Se ha instalado una narrativa peligrosa: que tener propiedad es un pecado y que el propietario es el culpable del sistema fallido. Te llaman ‘explotador’ por pedir el valor de mercado, pero nadie llama ‘miserable’ al Estado por no construir vivienda pública o por freírte a impuestos".