En 2025, el Pentágono firmó con la empresa de IA Anthropic un contrato de hasta 200 millones de dólares para desarrollar capacidades de IA aplicadas a la seguridad nacional. En las últimas dos semanas, esa relación se ha convertido en un conflicto político, contractual y ético sobre el uso militar de la IA, y ha abierto incluso el debate sobre una posible nacionalización de la compañía.¿Puede un gobierno obligar a una empresa de IA a permitir usos militares? ¿Quién establece los límites éticos de la inteligencia artificial en tiempos de guerra?