En agosto de 2020, la interventora del SAS bloqueó un contrato de emergencia de 29 millones por carecer de justificación. Dos meses después, el Consejo de Gobierno de Moreno aprobó suprimir el control previo a ese tipo de contratos, sin informe preceptivo y en una reunión verbal. El SAS siguió adjudicando a dedo durante cuatro años más, cuando la ley de emergencia pandémica ya estaba derogada. Tres causas judiciales abiertas, cuatro altos cargos acusándose mutuamente.

Serían ya al menos 150 mujeres las que habrían trasladado ya a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) su interés por presentar una reclamación individual al Servicio Andaluz de Salud (SAS). La asociación ha cambiado de parecer en las últimas horas y, en lugar de optar finalmente por presentar una demanda colectiva que represente a las afectadas por el caos generado en los cribados del cáncer de mama, proponía cambiar de estrategia e invitada a abrir procesos unipersonales pues entienden que, así, se podrá prestar mayor atención a c

El contexto: La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, mostró dos mamografías distintas de la misma mujer, Anabel, un nombre propio que entra de lleno en un escándalo de los cribados que la Fiscalía ya está investigando.

El jefe de servicio del Virgen del Rocío responsable del programa de detección precoz del cáncer presenta su dimisión

En el foco de las pesquisas judiciales se encuentran varios correos electrónicos enviados desde el SAS a distintas clínicas privadas. El cerco judicial y político se estrecha sobre Juan Manuel Moreno Bonilla. El presidente de la Junta de Andalucía afronta nuevas acusaciones por presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia. Correos internos, contratos firmados con su visto bueno y al menos “tres que pueden tirar de la manta” alimentan la investigación de la Justicia sobre un supuesto desvío......

Problemas para el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en el ámbito sanitario. El caso del presunto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros llega al banquillo después de que la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz haya imputado a un alto cargo del organismo

La sanidad pública andaluza ha tocado fondo en la última macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que recoge una fotografía contundente del creciente descontento ciudadano. La valoración que hacen los andaluces de su sistema sanitario es la más baja de toda España. Una situación que ha encendido todas las alarmas políticas y que desde la oposición se achaca directamente al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y a su gestión al frente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Los auditores pusieron bajo sospecha el gasto total del SAS en contratos menores -en cantidades inferiores a 15.000 o 30.000 euros- que llegó a sumar 234,5 millones de euros al final del ejercicio 2021. El próximo 2 de abril deberán prestar declaración ante la jueza Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, interventores provinciales del SAS en Cádiz; y el día 3 de abril lo harán dos jefas de servicio del mismo departamento, Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.

La gestión sanitaria que está desarrollando el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se encuentra bajo sospecha. La Fiscalía Anticorrupción investiga a tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por su labor y el presidente de la Junta ha cesado a la interventora general, María Antonia González Pavón, que se atrevió a señalar el exceso de fraccionamiento de contratos millonarios, que pudo derivar en un beneficio para hospitales privados de 300 millones de euros. Ahora, al culebrón se suma de nuevo Bidafarma, donde trabaja su mujer.

El juez que investiga los contratos de emergencia en la sanidad andaluza centra sus pesquisas en un acuerdo de Consejo de Gobierno, firmado por el exconsejero de Hacienda Juan Bravo y avalado por la exinterventora y actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, que sustituyó la fiscalización previa por el control posterior para estos gastos, justificándolo en la "autodisciplina" del SAS

Los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguen generando problemas al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía. Después de que la Justicia admitiera a trámite la denuncia contra el presidente andaluz por malversación y prevaricación por estos contratos, el PSOE-A ha exigido de nuevo una comisión de investigación para conocer la vinculación de empresas beneficiarias e intermediarios con la Junta.

El Juzgado de instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía el pasado 20 de junio por presunta malversación y prevaricación por parte del gobierno de Juanma Moreno Bonilla respecto de los contratos aprobados durante la pandemia del Covid-19, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, dos años después de que se produjera su derogación legal.

El órgano fiscalizador acusa al SAS de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores –aunque en todos ellos el objeto de la prestación es “el mismo o similar”– con el fin de “disminuir la cuantía del mismo” para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, “eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva” y, en definitiva, “infringir la ley”.

El documento, de 138 páginas, expresa una opinión “desfavorable” o adversa, no sólo de la muestra de contratos analizados –126 expedientes con un gasto de 56,6 millones–, sino también del “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año. El informe de control está dirigido por la Interventora Central Adjunta del Servicio Andaluz de Salud, Victoria López Gutiérrez, junto a dos asesores técnicos –José Miguel Lirola e Isabel Clavero– bajo la supervisión de la Interventora Central del SAS, Blanca Pons Rodríguez.

El PSOE-A ha denunciado que existen once informes “demoledores” que detectan irregularidades en los contratos de emergencia realizados por el SAS entre 2020 y 2021.

El 25 de junio de 1991, tras dos años de desmentidos, el gobierno admitió finalmente que el SAS había estado entrenando en secreto a la "resistencia" desde 1983. Un informe de Asia Watch completó la información: el SAS había enseñado "el uso de artefactos explosivos improvisados, trampas explosivas y la fabricación y uso de dispositivos de retardo". El autor del informe, Rae McGrath (que compartió el Premio Nobel de la Paz por la campaña internacional contra las minas terrestres), escribió en The Guardian que "el entrenamiento del SAS fue una p