Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias de la Comunitat Valenciana, comparece este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Es la primera vez que comparece públicamente después de revelar que ese 29 de octubre de 2024, el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, pidió que no se le molestara durante la comida en El Ventorro.

Un técnico forestal declaró que “el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mandaba en el Cecopi” durante la DANA de 2024, que provocó 229 muertos. Explicó que la exconsejera Salomé Pradas tuvo un papel capital en la coordinación hasta la llegada de Mazón a las 20:28, tras un almuerzo de más de tres horas en El Ventorro. Criticó también la “falta de rapidez y determinación” en las decisiones comparándolo a otras situaciones, y recordó la retirada anticipada de bomberos del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó 46 muertos en Paiporta.

Después de que Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero en gobiernos de Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, fichara por la empresa pública Las Rozas Innova como nuevo consejero y puesto por el que pasaba a cobrar 1.280 euros cada vez que acudiera a una reunión del consejo de administración, el Ayuntamiento de Las Rozas ha fichado a la sobrina del mismo por un sueldo bruto al año de 65.766,96 euros.

Prada, figura 'clave' del mandato de Esperanza Aguirre en Madrid, del PP de Casado, se enfrenta a 7 años de cárcel. Este miércoles, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmó la condena a siete años de prisión para Alfredo Prada. Prada fue exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre. La sentencia ratificó su culpabilidad por delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación agravada.

Mientras se conoce que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será la primera presidenta madrileña en acogerse a unas condiciones que replican las de un expresidente del Gobierno de España tras la aprobación del nuevo estatuto de expresidentes y exconsejeros de la Comunidad de Madrid, la lideresa madrileña ha vuelto a la carga contra el Ejecutivo central al que ha acusado de “descapitalizar” el país.

La norma supone que Isabel Díaz Ayuso será la primera presidenta madrileña en poder acogerse a unas condiciones que replican las de un expresidente del Gobierno de España. El nuevo estatuto de expresidentes y exconsejeros de la Comunidad de Madrid, aprobado en pleno verano, abre una etapa inédita en la política autonómica. El Decreto 59/2025, de 23 de julio, establece que quienes abandonen el Gobierno regional podrán disfrutar de un régimen de beneficios equiparado al de Moncloa: paga del 80% del salario durante dos años, coche oficial.........

Las familias de las víctimas fueron claras desde el primer momento: "Hay que apuntar a cargos más altos". Lo dijeron cuando conocieron la primera imputación de ex altos cargos del Gobierno que Isabel Díaz Ayuso tuvo durante lo peor de la pandemia y lo repitieron cuando conocieron la segunda. Para las organizaciones que llevan cinco años peleando en los tribunales que se juzgue la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid no es suficiente con que lo sucedido recaiga únicamente en el autor y el firmante de los Protocolos....

Fiona Hill (Bishop Auckland, Reino Unido, 59 años) es una de las más destacadas expertas occidentales sobre Rusia y el espacio postsoviético. Ha trabajado como analista y asesora de seguridad para tres Administraciones de Estados Unidos: la de Bush hijo, la de Obama, y la primera de Trump, en este caso con el cargo de consejera adjunta del presidente y directora principal de asuntos europeos y rusos en el Consejo de Seguridad Nacional de EE UU de 2017 a 2019.

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, sostiene que los dos exaltos cargos del Gobierno de Carlos Mazón imputados cometieron una negligencia “grosera”. Así lo indica la magistrada en un auto notificado este jueves. La resolución tilda con el duro calificativo el comportamiento de la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas y de quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso. Ambos están siendo investigados en la causa que indaga la colosal inundación que el pasado octubre d

Carlos Mazón, su exconsejera de Interior Salomé Pradas y la dirección nacional del Partido Popular que los respalda tienen buenas razones los dos primeros para mentir y Génova para permitir las mentiras de ambos sobre la gestión de la mortífera DANA del 29-O en Valencia. La principal de esas razones está directamente extraída de la lección magistral que todo el mundo sacó de las mentiras del 11-M: que mentir a lo grande, sin interrupción y sin complejos no hunde la carrera política o periodística de nadie… si cuenta con las complicidades políti

Salomé Pradas llega a la Ciudad de la Justicia de Valencia entre gritos de “Mazón, asesino”, Mazón, dimisión” y “Mazón, putero”. La exdirigente solo responde a su defensa en una declaración que se prevé larga.

Aunque la cifra de 7.291 fallecidos fue la que contabilizó la propia Comunidad de Madrid, ahora la presidenta madrileña afirma que fue un "invento" de un exconsejero y, pese a los documentos publicados, niega que se excluyera a las personas mayores de la atención hospitalaria.

La presidente de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, ha reaparecido para negar la cifra de "siete mil no sé qué". Este mismo argumentario ha repetido el exconsejero de Sanidad de la CAM en la primera ola, Enrique Escudero, asegurando en el programa la hora de la 1 que "esa cifra es falsa", a pesar de que la cifra sale del portal de transparencia de la Comunidad.

La tensión en Génova es palpable. La posibilidad de que la exconsejera Salomé Pradas hable o de que la periodista que comió con Mazón revele más detalles ha generado un clima de incertidumbre y nerviosismo. En los entornos políticos están convencidos de que aún queda mucho por descubrir y que este escándalo está lejos de concluir.

La junta directiva de la patronal hotelera Hosbec ha aprobado que la exconsejera del PP Nuria Montes, que estaba en excedencia, vuelva a la secretaría general de la entidad valenciana. La empresaria fue destituida el 18 de noviembre por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, después de unas declaraciones realizadas tras la dana, que arrasó parte de la provincia de Valencia, a las familias de los desaparecidos. Ella misma se disculpó al reconocer que había tenido “poca empatía”.

La exconsejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha sido nombrada recientemente directora médica de Vithas San José, una de las principales clínicas privadas de Vitoria. Esta nueva etapa llega después de que dejara su puesto con la llegada de Imanol Pradales el verano pasado. Aunque regresó a su plaza en la vicegerencia del campus bizkaino de la UPV/EHU, su vuelta al ámbito profesional ha sido corto y ha sido fichada en esta clínica, según ha confirmado Cadena SER Euskadi.

La Audiencia Provincial de Valladolid condena a seis de los empresarios encausados y al exconsejero delegado de la empresa pública que compraba suelo industrial

Ha asegurado este viernes que el juez ha prevaricado al "mentir en sede judicial" y "utilizar una mentira para imputar" a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa (IE). López se ha pronunciado en estos términos tras publicar TVE unos audios sobre las declaraciones de Güemes, exconsejero madrileño, y de Soledad Gil, directora de Recursos Humanos del IE, en los que el juez atribuye a la segunda unas declaraciones que no hizo.

El 15 de julio de 2022, el Gobierno murciano de López Miras publicó en el BORM un decreto, el 129/2022, que se antojaba, en apariencia, vital para mantener a raya la contaminación del Mar Menor. El texto regulaba un organismo nuevo, desconocido hasta entonces, aunque ya ligeramente esbozado en la ley de protección de la laguna de 2020: las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia (ECARM).

El juez que investiga los contratos de emergencia en la sanidad andaluza centra sus pesquisas en un acuerdo de Consejo de Gobierno, firmado por el exconsejero de Hacienda Juan Bravo y avalado por la exinterventora y actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, que sustituyó la fiscalización previa por el control posterior para estos gastos, justificándolo en la "autodisciplina" del SAS