La primera denuncia contra Espinosa de los Monteros la presentó Vox en octubre de 2024, y se basaba en el testimonio de tres de sus concejales en la localidad madrileña de Collado Villalba, pero el fiscal la archivó alegando que no contenía “mínimos indicios delictivos” para acusar al exdiputado. No satisfecha con esta respuesta, la responsable jurídica de Vox, Marta Castro, formuló a principios de este año una segunda denuncia, en la que añadía al testimonio de los tres ediles un escrito anónimo y un informe jurídico de un letrado contratado.