El máximo órgano de los jueces da cuenta de la denominada corrupción pública, “entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad”. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos recoge en el repositorio tienen “como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política”.