Manuel Azaña, a la sazón ministro de la guerra, pronunció las siguientes palabras en su discurso del 13 de octubre de 1931 a la cámara constituyente sobre la cuestión religiosa:“España ha dejado de ser católica. Hay que organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica”

Es evidente que Azaña se refería a la necesidad de implementar el laicismo de estado, tanto en la Constitución como en todas las leyes y estamentos del Estado. La unión del poder de la iglesia católica y el Estado español, presente en toda la historia anterior de España se presentaba por tanto como un hecho asociado al antiguo régimen monárquico que debía ser superado por una concepción democrática y aconfesional del estado.

España ha dejado de ser católica. Hay que organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica

Sin ninguna duda, ese laicismo de estado se vio reflejado claramente en la Constitución de la Segunda República que, en su artículo 3, proclamaba que “el Estado español no tiene religión oficial” y en el 27 que “la libertad de conciencia y el derecho a practicar y profesar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública”. Naturalmente, el concordato con la santa sede que mantenía el estado desde 80 años atrás, quedaba derogado.

La implementación efectiva de la laicidad del estado fue una de las prioridades de la Segunda República, se aprobó una ley de divorcio, se construyeron colegios públicos para absorber el alumnado de colegios religiosos, los cementerios fueron declarados municipales, etc.

La iglesia católica reaccionó apoyando movimientos golpistas desde los primeros días de la naciente república, culminando estas ideas antidemocráticas con el apoyo al golpe de estado militar de 1936 y posicionándose en el bando fascista y en contra del régimen republicano legítimo durante la posterior guerra civil promovida por las fuerzas reaccionarias ante el fracaso del golpe de estado.

La dictadura posteriormente instaurado por el bando franquista vencedor tuvo inicialmente una marcada influencia de las ideas nacionalsocialistas y fascistas, principalmente representadas por los fascistas de Falange, cuyo apoyo a los golpistas en la guerra fue decisivo para que la perdiera el bando republicano legítimo.

Tras la derrota de la Alemania nazi y la Italia fascista en la segunda guerra mundial, la dictadura fascista de Franco se vio huérfana de apoyos internacionales y solo pudo apoyarse en la iglesia católica que le proporcionó un primer reconocimiento internacional a cambio de la firma de un concordato que convirtió de facto a España en un país cuya religión oficial era la católica. La iglesia recibió todo tipo de prebendas y poderes para imponer sus creencias en un país destrozado y arruinado por la guerra civil.

Los cuarenta años de dictadura llevaron a construir un país en el que más del 90% de la población se declaraba católica y en el que las celebraciones religiosas se impusieron a la fuerza como motor de identidad de la población.

Así las cosas, llegó el fin de la dictadura y una transición a un régimen democrático, plasmado en la Constitución de 1978, que permitió que España ingresara en las instituciones de los países democráticos occidentales. Pero no todo fue una idílica vuelta a la democracia. El poder del estado no dejó de estar dominado por las instituciones del estado franquista y algunos pilares de la dictadura fueron considerados intocables por la fuerzas franquistas durante toda esa transición. Uno de ellos es la monarquía instaurada por Franco al nombrar a Juan Carlos Borbón como su sucesor en la jefatura del estado, y el otro fue el poder de la iglesia católica.

En un ridículo “tour de force” lingüístico, se redactó un artículo 16 de la constitución que, en su apartado 3 declara:“Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Es decir, se dice una cosa y, sin solución de continuidad, se declara la contraria. El objetivo es aparentar que se afirma el carácter aconfesional del estado, pero permitiendo que, nada más aprobada la constitución en un referendo, se aprobaran también los acuerdos con la santa sede que ya habían sido negociados en secreto entre las autoridades franquistas y la propia iglesia católica. 

El poder del estado no dejó de estar dominado por las instituciones del estado franquista y algunos pilares de la dictadura fueron considerados intocables por la fuerzas franquistas durante toda esa transición. Uno de ellos es la monarquía instaurada por Franco al nombrar a Juan Carlos Borbón como su sucesor en la jefatura del estado, y el otro fue el poder de la iglesia católica.

Se preservaron en ellos la práctica totalidad de los privilegios adquiridos durante la dictadura anterior, incluyendo la financiación del estado y la presencia de la iglesia en las principales instituciones del estado, entre ellas sanidad, educación y ejército. El apoyo del estado durante el régimen actual ha incluso superado en algunos aspectos al propio franquismo, como en la financiación generalizada de colegios de ideología religiosa católica, o en la entrega del patrimonio histórico artístico español a la iglesia a través de las llamadas inmatriculaciones.

El poder del estado no dejó de estar dominado por las instituciones del estado franquista y algunos pilares de la dictadura fueron considerados intocables por la fuerzas franquistas durante toda esa transición. Uno de ellos es la monarquía instaurada por Franco al nombrar a Juan Carlos Borbón como su sucesor en la jefatura del estado, y el otro fue el poder de la iglesia católica.

Sin embargo, ha habido una evolución de la sociedad española que la iglesia se ha visto incapaz de atajar. La fe de los españoles en la religión se diluye constantemente y de manera imparable, a un ritmo que solo puede ser visto por los obispos como una catástrofe inminente.

Existe un buen lugar para acudir en busca de esta información, las encuestas realizadas por el CIS. Estos sondeos preguntan a los españoles sobre creencias religiosas dividiendo los católicos en dos categorías: católico practicante y católico no practicante. Los límites entre estas dos categorías es difuso, y además un católico no practicante es un oxímoron en si mismo pero nos permite acotar por arriba el porcentaje de católicos con garantías de que lo más probable es que el porcentaje sea sobrevalorado. Este porcentaje ha bajado dramáticamente desde la llegada de la democracia, pero en todas las encuestas del CIS, al menos las que yo he podido estudiar hasta ahora, se había mantenido por encima del 50%.

En este trabajo se pregunta también sobre la religiosidad, resultando que el 15,8% se declara católico practicante y el 33,1% se declara católico no practicante, lo cual lleva a un 48,9% de católicos en España.

Pero hace unos días ha aparecido un sondeo del CIS en el que el objetivo principal es valorar la opinión de los españoles sobre los impuestos del estado. En este trabajo se pregunta también sobre la religiosidad, resultando que el 15,8% se declara católico practicante y el 33,1% se declara católico no practicante, lo cual lleva a un 48,9% de católicos en España. Podemos decir entonces que, por fin, España ( su población) ha dejado de ser católica. Es posible que, en algunos sondeos posteriores, puedan aparecer de nuevo porcentajes de católicos mayores del 50%, pero será solo anecdótico, la tendencia a la secularización es imparable.

 Relacionados:

No es la firma de un acuerdo, sino de una estafa al pueblo

 La covid-19 acaba de golpe con la religiosidad de más 2 millones de españoles