La patente o la vida. El conflicto entre las reglas de propiedad intelectual y la salud pública

_{(Artículo de Gonzalo Fanjul e Ignasi Carreras)}


John, un pescador ugandés que vive cerca de Kampala, se siente mucho mejor desde que tiene acceso a la terapia antiretroviral contra el sida que padece. Puede trabajar y alimentar a su familia. A la esposa de John también le han comunicado hace poco que padece el sida. "No tengo dinero para pagar las medicinas de los dos", dice John. Si paga las de su mujer, sus hijos no podrán ir a la escuela y "no tendrán un futuro". Si deja su propio tratamiento para permitir que su mujer acceda a los antiretrovirales, sabe que morirá. "¿Qué va a pasar con mi familia?", se pregunta. Como muchos otros, John dice que para que un tratamiento sea accesible debe tener un coste de alrededor del 10% de sus ingresos. Esto permitiría que tanto él como su mujer se tratasen. John cree que el Gobierno debe ayudar a aquellos que necesitan pagar menos por sus medicamentos.

El caso de la familia de John es el caso de millones de familias en los países en vías de desarrollo. Las prácticas comerciales de los gigantes de la industria farmacéutica, amparados por la regulación de la OMS sobre propiedad intelectual (ADPIC), están impidiendo el acceso de estas personas a tratamientos eficaces contra sus enfermedades. Ése fue el mensaje que entendió la opinión pública en primavera de 2001, cuando las compañías farmacéuticas demandaron al gobierno sudafricano por tratar de abaratar el coste de los medicamentos a través de la introducción de productos genéricos en el mercado. La indignación ciudadana obligó a las empresas a retirar su demanda, pero la presión internacional para cambiar las reglas de la OMC se hizo imparable.

Quizás el resultado más positivo de la cumbre de la OMC en Doha -que tuvo lugar en Noviembre de 2001, pocos meses después del caso de Sudáfrica- fue la Declaración sobre ADPCI y salud pública, una afirmación muy clara por parte de 142 gobiernos de que los derechos de los pacientes deberían tener prioridad sobre los derechos corporativos derivados de las patentes. Los gobiernos de los países en vías de desarrollo celebraron esta declaración como una victoria histórica. Parecía que EEUU y otros países industrializados, que habían defendido resueltamente los intereses de sus grandes compañías farmacéuticas, se habían visto forzados por la presión pública a reconsiderar sus prioridades. Lamentablemente, estos países no respetaron los compromisos de Doha, lo que ha provocado una profunda frustración entr elos países en vías de desarrollo y ha avivado las críticas contra la OMC por no servir al interés general. Y lo que es más importante, las promesas rotas están reduciendo las posibilidades de tratamiento de los enfermos de los países pobres y reforzando la relación entre pobreza y salud precaria.

http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/07/comunicacion-y-transparencia-medicinas-para-mejorar-la-reputacion-del-sector-farmaceutico/

https://www.statnews.com/pharmalot/2016/08/30/gallup-poll-drug-firms-negative/

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/big-pharma-and-governments-are-turning-a-blind-eye-to-corruption-report-claims-a7059871.html

Los ministros acordaron en Doha que los países menos adelantados (PMA) podrían no respetar las patentes de medicamentos hasta como mínimo el año 2016, manteniendo así unos precios bajos gracias a la competencia con los medicamentos genéricos. Desgraciadamente, estos países están sujetos a fuertes presiones políticas por parte de E.E.U.U. para no utilizar esta exención. Camboya, por ejemplo, que es el primer PMA que entró en la OMC desde su fundación en 1995, se ha visto forzada, como parte de su acuerdo de entrada, a introducir las patentes en 2007.

En segundo lugar, la cumbre de Doha volvió a afirmar que cualquier país podía anular una patente en bien del interés público (utilizando un mecanismo conocido como "licencia obligatoria" para la compra o producción de genéricos) y pedir a un fabricante de genéricos que produjera la medicina a un coste más bajo. Esto es importante porque, aunque un país no desee utilizar la licencia obligatoria, el hecho de poder hacerlo le otorga fuerza a la hora de negociar precios con los gigantes farmacéuticos como Pfizer y Glaxo Smith-Kline. Brasil lo ha demostrado obteniendo a un coste muy reducido antirretrovirales patentados para tratar el sida.

La importancia política de la Declaración de Doha para defender esta opción no ha disminuido. El problema es que EEUU ha intentado socavar de manera sistemática el espíritu de la Declaración. Aunque acepta el principio del derecho de anular patentes, se opone a todos los países que ejercen la opción de emitir licencias obligatorias. Y todo ello a pesar de que EEUU amenazó con emitir licencias obligatorias cuando las vidas de los estadounidenses se vieron afectadas por el envió de cartas con ántrax que provocaron la muerte de cuatro personas. EEUU también intenta burlar cualquier acuerdo de la OMC reduciendo el alcance de las licencias obligatorias mediante sus acuerdos comerciales bilaterales y regionales. Por ejemplo, sus propuestas para el acuerdo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los términos de sus pactos bilaterales con Chile y Singapur aun más allá de la OMC a la hora de defender las patentes corporativas.

El tercer problema que plantea la implementación de la Declaración de Doha hace referencia a la cuestión de cómo obtener los suministros. Uno de los problemas con el ADPIC es que, a pesar de que a los países en vías de desarrollo se les permite comprar una versión genérica más barata de una nueva medicina, aunque parezca increíble, se impidió a los productores de genéricos la venta a estos mismos países. Esto significa que los Estados que no disponen de una industria de genéricos efectiva -un grupo que incluye la gran mayoría de países en vías de desarrollo, básicament en África- no pueden acceder fácilmente a los genéricos. Para solucionar este problema, sólo son necesarias unas normas sencillas que permitan exportar a los proveedores de genéricos -y a los otros importar- sin tener que pasar por complejos procesos legales que pueden ser recusados en la OMC.

Los ministros fijaron el plazo de finales de 2002 para acordar el texto de una enmienda que terminaría con este callejón sin salida. La decisión se retrasó hasta Agosto de 2003, pocos días antes de la conferencia de Cancún, ofreciendo tan sólo una solución a medias para el problema.

La causa de este incumplimiento está en las coacciones ejercidas por los grupos de presión farmacéuticos y los países industrializados, principalmente EEUU, para restringir el alcance del cambio propuesto y para envolverlo con tantos requisitos formales que se ha convertido en algo impracticable. El acuerdo actual, que corrige una cláusula de sólo veinte palabras, tiene ocho páginas. Después de enfrentarse a más de un año de intransigencia por parte del mundo rico, los países en vías de desarrollo se decidieron por aceptar este borrador como el resultado menos malo. EEUU, por orden de Pfizer y otras compañías, buscaba conseguir más. Deseaba limitar el uso de las normas más flexibles para las patentes a un número restringido de enfermedades (las grandes epidemias) y países (los más pobres). Afortunadamente, los países en vías de desarrollo han mantenido una posición firme frente a las presiones.

Estados Unidos se ha echado atrás en sus exigencias más inaceptables, pero logró que prosperara un pacto cosmético que tanto ellos como la UE venderán en una campaña concertada para convencer al mundo de que ha habido cambios muy importantes en las normas, y que la cuestión de las patentes y la salud pública ya está definitivamente fuera de la agenda. No obstante, la realidad es que el acuerdo ADPIC, que ha ampliado los privilegios de las grandes farmacéuticas en todo el mundo en vías de desarrollo, continuará haciendo subir el precio de los medicamentos -una realidad que ninguna campaña puede ocultar-.

¿Qué se puede hacer? Los Estados miembros de la OMC deberían revisar el texto de la enmienda actual para levantar realmente las restricciones a la importación de medicamentos genéricos en los países pobres. A más largo plazo, la OMC debería otorgar a los países en vías de desarrollo una mayor libertad para decidir si y cuándo introducir altos niveles de protección mediante patentes para las medicinas, según sus necesidades de salud pública. En este momento, todos los países están obligados a permitir patentes sobre medicamentos durante un mínimo de 20 años. El proceso de reformas más amplias debería empezar analizando con profundiad el efecto del ADPIC sobre la salud pública, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. Si no se adoptan estas medidas, millones de personas pobres se verán condenadas a unas enfermedades y a un sufrimiento innecesarios, y la opinión pública se cuestionará aún más la manera en que las naciones más poderosas dirigen sus políticas comerciales.