La Organización Mundial de la Salud ha alertado que la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud: muertes prematuras, enfermedades cardiovasculares y respiratorias además de absentismo laboral, entre otros impactos, los cuales tienen a su vez una gran repercusión económica. Dicha contaminación incide también en el cambio climático.
El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y el medio ambiente ha señalado que el derecho a respirar un aire limpio es un factor vital del derecho a un medio ambiente saludable, el cual, a su vez, es esencial para el derecho a la vida. Por tanto, incide también en los derechos del niño, que son más vulnerables, y en los derechos a la salud y a la inviolabilidad del domicilio, entre otros, muchos de ellos reconocidos en nuestra Constitución.
Los efectos adversos de la mala calidad del aire en los derechos humanos imponen a los Estados, en sus niveles de gobierno: estatal, autonómico y municipal, importantes obligaciones exigiéndoles adoptar de inmediato medidas de protección contra esos efectos. Como indica el Relator Especial de la ONU, estas obligaciones o responsabilidades son diversas, requiriendo a los gobiernos que no violen el derecho a respirar aire puro con actos cometidos por ellos; además de exigirles que protejan ese derecho frente a violaciones cometidas por terceros y establezcan, apliquen y hagan cumplir leyes, políticas y programas para hacerlo efectivo, finalmente también deben evitar la discriminación y las medidas regresivas.