...adultas a las que tutela. Cuestionada sobre la razón de recurrir a residencias privadas para las personas tuteladas es la carencia de recursos específicos en el ámbito público, el departamento gubernamental señala que estas son "ayudas reintegrables a tutelados" que "por diferentes casuísticas, no tienen acceso la una plaza de carácter público". Una de estas razones, admite, "puede ser la inexistencia de recursos específicos para sus circunstancias". También, agregan, la Funga recurre a recursos privados durante "la cobertura del
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La Fundación Gallega para la Tutela de Personas Adultas (Funga) es la entidad dependiente de la Consellería de Política Social a través de la que el gobierno gallego ejerce su competencia de la tutela de hombres y mujeres que, por decisiones judiciales y tras las correspondientes evaluaciones forenses, son consideradas como carentes de capacidad para obrar de manera autónoma o gestionar determinados aspectos de su vida cotidiana. Según los datos más recientes, incluidos en sus Presupuestos para 2021, la Funga atiende ya más de 3.800 personas con un plantel que en los últimos años no superó los 23 efectivos, con una previsión de llegar a los 27 en este 2021.
Los presupuestos anuales de la Funga apenas superan el millón de euros anual. Las cuentas más recientes indican que en 2019 manejó 1,4 millones, que en 2020 contó con alrededor de 1,11 millones y que en este 2021 tiene asignados 1,3 millones de euros. Estas asignaciones presupuestarias iniciales de cada año no experimentaron incrementos relevantes, aunque la entidad venía arrastrando deudas con residencias personales a las que envía algunas de estas personas tuteladas. A finales de 2020, la Consellería de Política Social abonó algo más de 1 millón de euros para sufragar esta deuda, recurriendo al fondo de imprevistos del Gobierno gallego.
Como vino informando Plaza.gal, numerosos testimonios de profesionales y familiares, así como diversas sentencias judiciales, acreditan las carencias de la Funga para ejercer sus competencias. En numerosos casos, esto provoca que personas tuteladas caigan en desatenciones que son parcial o totalmente cubiertas por entidades sociales. En otras ocasiones, usualmente tras una resolución judicial, algunas de estas personas tienen que ser internadas y, ante la carencia de recursos públicos específicos, la fundación pública acaba echando mano de recursos privados. A veces, residencias de ancianos aunque estas personas no sean de edad elevada.
Con este paño de fondo, ya en el año 2018 la propia Junta había admitido que había acumulado una importante deuda con centros privados a los que había enviado personas tuteladas por la Funga. Uno de estos centros tenía pendiente una deuda especialmente "elevada" y había formulado una reclamación formal para su cobro, "ofreciendo la posibilidad de acordar un calendario para su total cancelación". En aquel momento, como informó este periódico, Política Social había abonado medio millón de euros, 400.000 de ellos correspondientes a las plazas de personas que ya luego "no estaban ingresadas en centros personales".
Una operación semejante fue la aprobada por Política Social el pasado mes de diciembre. El departamento que dirige Fabiola García transfirió 1,3 millones de la partida de "otros imprevistos" de los Presupuestos Generales de la Xunta -especialmente abultada durante 2020, a causa de la pandemia- a la de transferencias corrientes para la Funga. En el expediente hizo constar que, con este dinero, preveía atender "los pagos de mayor urgencia que personas tuteladas" por la Funga "mantienen con distintos centros".
Preguntada al respeto por Plaza.gal, la Consellería de Política Social confirma que el motivo de esta modificación presupuestaria "es el mismo que el de las que se vienen realizando desde hace varios años". "En esta ocasión -especifica la Consellería- fue de mayor cuantía" para "dejar la deuda de los tutelados con los centros prácticamente a cero".
Cuestionada sobre si la razón de recurrir a residencias personales para las personas tuteladas es la carencia de recursos específicos en el ámbito público, el departamento gubernamental señala que estas son "ayudas reintegrables aa tutelados" que "por diferentes casuísticas, no tienen acceso a una plaza de carácter público". Una de estas razones, admite, "puede ser la inexistencia de recursos específicos para sus circunstancias". También, agregan, la Funga recurre a recursos privados durante "la cobertura del período de espera hasta que les es asignada" una plaza pública, cuando es el caso.
"diferentes casuísticas"... "inexistencia de recursos específicos". Muy clarito, sí señor.
A la caza del jubilao...
La xunta desviando fondos públicos a empresas privadas. Novedad.