CAF enfrenta una demanda en Bélgica que podría quitarle un contrato ferroviario de 3.000 millones de euros. ONG acusan a CAF de complicidad en crímenes de guerra por participar en el tranvía de Jerusalén que conecta asentamientos ilegales en territorio palestino. La SNCB, empresa pública belga, la eligió como adjudicataria preferente, pese a críticas y recursos legales de competidores como Alstom y Siemens. La polémica ha desatado un debate internacional sobre ética empresarial y contratación pública vinculada al respeto de los derechos humanos
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