El derecho a la desconexión digital es una obligación legal en España desde 2018, regulada en varias leyes, como la LOPDGDD, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Trabajo a Distancia. No es una recomendación ética ni una buena práctica opcional, sino un deber exigible con consecuencias disciplinarias. Las empresas están obligadas a establecer políticas internas de desconexión, consultadas con la representación legal de los trabajadores. También es un deber colectivo: enviar mensajes fuera del horario laboral puede suponer una infracción.
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