El acusado firmaba un informe pericial que apuntaba que las obras de instalación del ascensor permitirían el acceso a usuarios con silla de ruedas y mejoraría las condiciones de accesibilidad del inmueble para personas con movilidad reducida. Sin embargo, esta declaración se contradecía con lo afirmado por él mismo para el trámite de solicitud de licencia municipal, realizado unas semanas antes.
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