Ortiz reclamó todos los informes de la Abogacía del Estado y los de la IGAE en representación del Ministerio de Hacienda entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2023. El Gobierno le contestó que de la primera petición salían 4.000 informes y de la segunda, 5.000 y emplazó a la senadora a afinar más la información que necesitaba porque era "materialmente imposible" el traslado de tanta documentación.
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