El Ministerio ultima la reforma de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia que tipificará por primera vez a nivel el delito de violencia institucional, un planteamiento que surgió a raíz del caso de Juana Rivas, tras la situación vivida por su hijo menor en las entregas a su padre. El Ministerio aspira a que los niños no estén obligados a mantener contacto o verse con sus progenitores. También contempla la supresión del síndrome de alienación parental (SAP). Se quiere prohibir esta consideración en la ley.
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