Esta situación antes ocurría en la mayoría de los pueblos y ciudades de Bizkaia. Sin embargo, en 2023, una sentencia del Supremo dictaminó que «un ayuntamiento no puede establecer diferencias de tarifas en una tasa, en la utilización de frontones, piscinas e instalaciones polideportivas municipales, conservatorios o escuelas de música públicos». A pesar de ello, localidades como Durango siguen cobrando más a las personas no empadronadas, lo que al final se traduce en una discriminación.