Así se desprende de varias sentencias del Tribunal Supremo emitidas a lo largo del último año, en las que se analizan los recursos interpuestos por multitud de distribuidoras contra la orden que fijó la retribución del periodo 2017–2019. El Alto Tribunal ha avalado en términos generales el criterio de la Administración y de la CNMC, aplicando una interpretación estricta del marco retributivo y limitando de forma significativa los costes que pueden ser reconocidos; unos costes que, hasta ese trienio y después de él, sí se han reconocido.
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