La teoría enseña que cuando se trata de bienes o servicios privados, es decir, aquellos en los que los beneficiarios son fácilmente determinables, son estos los que deben acarrear el coste de los mismos, mediante el precio. En materia de telecomunicaciones y otros servicios que a lo largo del tiempo la UE ha reglamentado, la reglamentación se impulsó, entre otros, bajo el principio de evitar las subvenciones cruzadas, en definitiva, cada servicio debería afrontar su coste.