Los protocolos de no derivación que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firmó durante la primera ola de la pandemia del Covid, también conocidos como “protocolos de la vergüenza” y que en la práctica privaron de la asistencia sanitaria a casi la totalidad de las personas internas en residencias, estuvieron complementados por otro documento que facilitaron aquella criba que terminó acelerando la muerte de 7.291 personas.
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