Según su letrada, piden 18 meses de cárcel y una multa de 180 euros. Ella, que ya cuenta con la residencia legal, asegura que es víctima de trata y su regreso supone un grave peligro para sí misma y para su familia. Reconoce que resistió. “Estaba muerta de miedo, pero no le pude hacer nada... Estaba atada de pies y manos”.