"Me parece una propuesta muy atrevida. Si lo hicieran no pasaría nada", afirma la dirigente de la Asociación de Usuarios Financieros. "Si ahora se tardan dos años en echar a la gente no hay capacidad judicial para responder a una huelga de alquiler. Es algo que obligaría a las administraciones públicas a tomar cartas en el asunto".
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