Una sentencia del tribunal superior de justicia cuestiona la arbitrariedad de valoración de los méritos que realizó el tribunal que adjudicó la plaza al hijo de Cabañeros, considerando que en la misma hubo un componente de subjetivismo y de libertad de criterio.
Esta nueva sentencia se suma a otras siete que en los últimos meses ha recibido la Diputación, anulando plazas y oposiciones que había creado en contra de la ley. En la actualidad la institución provincial mantiene activos casi un centenar de procesos judiciales, la mayoría de ellos de origen laboral, para los que tuvo que dotar en el mes de abril un crédito extraordinario de 400.000 euros para pagar esos costes. Una cantidad que se suma a la ya presupuestada y que ha incrementado notablemente el gasto en abogados de la Diputación, que no tiene servicio jurídico propio.
¿Y no condenan a las personas que han prevaricado, presumiblemente, en ese concurso-oposición?
A esas personas, como poco habría que condenarlas a pagar las costas procesales, inhabilitación y pagar lo que puedan de la indemnización al posible nuevo poseedor de la plaza.
Me imaginio que el tribunal evaluador habrá cobrado por ese trabajo de evaluación, por lo tanto deben ser responsables de sus actos.
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Te cagas:Esta nueva sentencia se suma a otras siete que en los últimos meses ha recibido la Diputación, anulando plazas y oposiciones que había creado en contra de la ley. En la actualidad la institución provincial mantiene activos casi un centenar de procesos judiciales, la mayoría de ellos de origen laboral, para los que tuvo que dotar en el mes de abril un crédito extraordinario de 400.000 euros para pagar esos costes. Una cantidad que se suma a la ya presupuestada y que ha incrementado notablemente el gasto en abogados de la Diputación, que no tiene servicio jurídico propio.
Si si, la Diputación de León, donde una del PP se cargo a la de los 13 sueldos por enchufes y chanchullos.
#2 Presunta
¿Y no condenan a las personas que han prevaricado, presumiblemente, en ese concurso-oposición?
A esas personas, como poco habría que condenarlas a pagar las costas procesales, inhabilitación y pagar lo que puedan de la indemnización al posible nuevo poseedor de la plaza.
Me imaginio que el tribunal evaluador habrá cobrado por ese trabajo de evaluación, por lo tanto deben ser responsables de sus actos.
a este paso la noticia sera cuando algún cargo publica haga las cosas según ley