Según el informe, los fondos europeos se han canalizado a través de 349 proyectos gestionados por ONG, universidades y centros de investigación que, bajo la apariencia de promover la seguridad digital y la democracia deliberativa, estarían construyendo una infraestructura ideológica destinada a censurar contenidos contrarios a la narrativa oficial. El think tank sostiene que se trata de una «guerra silenciosa» contra la libertad de expresión, disfrazada de tecnocracia y buenas intenciones.
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